Nueva Zelanda impulsa una ley para vetar las redes sociales a menores de 16 años
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El Gobierno de Nueva Zelanda ha presentado un proyecto de Ley de Seguridad en Línea que prohibiría a los menores de 16 años utilizar redes sociales consideradas de alto riesgo. La propuesta obliga a servicios como Instagram, TikTok, Snapchat y Facebook a adoptar medidas razonables de comprobación de edad y crea un regulador específico. Las plataformas que incumplan podrían afrontar sanciones de hasta el 10 % de sus ingresos globales. El texto inicia ahora un recorrido político complejo y todavía no es una prohibición en vigor.
Claves de la noticia
- Las plataformas de alto riesgo tendrían que comprobar que sus usuarios han cumplido 16 años.
- El proyecto contempla un regulador de seguridad en línea y multas ligadas a los ingresos globales.
- La propuesta no tiene garantizada su aprobación y deberá superar el proceso parlamentario neozelandés.
Qué propone exactamente el Gobierno
La comunicación oficial cita varios métodos posibles: información ya asociada a la cuenta, estimación facial de edad, servicios de identidad digital y documentos formales. La norma se dirigiría a las compañías, no a los menores ni a sus familias. El regulador clasificaría qué servicios son de alto riesgo y supervisaría las medidas adoptadas para evitar que usuarios por debajo del límite mantengan cuentas.
El proyecto también amplía las responsabilidades de las tecnológicas sobre diseño y contenido. El Gobierno sostiene que una parte relevante de los adolescentes pasa al menos cinco horas diarias en redes sociales y relaciona esa exposición con sueño, salud mental, educación y vida familiar. Esas son las razones políticas comunicadas por el Ejecutivo; el debate parlamentario deberá examinar proporcionalidad, evidencia y alternativas.
Verificar la edad sin crear otro riesgo
Comprobar la edad en internet plantea una tensión inmediata: cuanto más fiable es el método, más probable es que solicite datos sensibles. Un documento oficial puede confirmar una fecha de nacimiento, pero también revelar nombre, domicilio o fotografía. La estimación facial evita entregar un documento completo, aunque introduce tratamiento biométrico, margen de error y posibles sesgos entre edades y grupos de población.
La ley tendrá que definir minimización de datos, conservación, proveedores autorizados y vías de reclamación. Una plataforma no debería guardar más información de la necesaria ni reutilizarla para publicidad. También habrá que evitar que una base de datos central de edades se convierta en objetivo de ataques. La eficacia de la prohibición depende tanto de bloquear cuentas como de no construir una infraestructura de identidad excesiva.
Qué servicios quedarían afectados
El comunicado menciona Instagram, TikTok, Snapchat y Facebook como ejemplos de plataformas de alto riesgo, pero la lista definitiva dependerá de la clasificación regulatoria. Servicios de vídeo, mensajería, comunidades de juegos y foros pueden mezclar funciones públicas y privadas. Una definición demasiado estrecha desplazaría a los jóvenes a aplicaciones no cubiertas; una demasiado amplia podría alcanzar herramientas educativas o de comunicación familiar.
Las compañías tendrán que saber qué cuenta como medida razonable y cómo demostrar cumplimiento. El texto deberá resolver también cuentas gestionadas por padres, acceso desde centros educativos, visitantes, usuarios sin sesión y servicios extranjeros. Las sanciones basadas en ingresos globales buscan que la norma resulte relevante incluso para las mayores plataformas, pero exigirán un procedimiento sólido y posibilidad de recurso.
Un debate político aún abierto
Associated Press informa de que dos de los tres partidos de la coalición gobernante se oponen al proyecto, por lo que el Ejecutivo necesitaría apoyo de la oposición. Además, el calendario electoral limita el tiempo disponible antes de la disolución del Parlamento. La presentación inicia la discusión, pero no permite asegurar que el texto vaya a aprobarse con su redacción actual.
Nueva Zelanda observa experiencias de otros países, en especial Australia, cuya prohibición para menores de 16 años entró en vigor en diciembre de 2025. Comparar resultados será difícil si cada jurisdicción define plataformas, métodos de edad y sanciones de forma distinta. La migración a servicios alternativos y el uso de herramientas para eludir controles también condicionarán la eficacia real.
Qué cambia para familias y plataformas
Por ahora no cambia el acceso de ningún usuario: falta la tramitación legislativa, la regulación y una eventual fecha de aplicación. Las familias no deberían interpretar el anuncio como un bloqueo inmediato. Sí anticipa que las empresas necesitarán sistemas de edad, auditorías, atención a reclamaciones y explicaciones comprensibles sobre los datos utilizados.
Las próximas etapas deberán aclarar alcance, excepciones, supervisión independiente y protección de privacidad. También será importante escuchar a jóvenes, educadores, expertos en seguridad infantil y defensores de derechos digitales. La pregunta no es solo si se fija una edad, sino si el mecanismo reduce daños sin excluir injustamente a usuarios, acumular documentos o trasladar la actividad a espacios menos seguros.
La evaluación posterior necesitará métricas que vayan más allá del número de cuentas bloqueadas. Debería medir exposición a contenido dañino, desplazamiento hacia servicios no regulados, errores de verificación y reclamaciones resueltas. También conviene publicar auditorías sobre los proveedores de edad y separar resultados por método. Sin esa evidencia, una plataforma podría demostrar cumplimiento formal sin probar que el bienestar mejora o que la privacidad se conserva.
